Publicado el 16/05/2025 por Administrador
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Ciudad de Panamá — El rugido de la protesta ha vuelto a llenar las calles del país. Desde finales de abril, miles de panameños se han movilizado en una masiva ola de manifestaciones contra un acuerdo bilateral firmado entre el gobierno de José Raúl Mulino y Estados Unidos. El motivo: un memorando de entendimiento que otorga acceso ampliado a tropas y buques militares estadounidenses en zonas estratégicas cercanas al Canal de Panamá, considerado por muchos como el corazón soberano de la nación.
El documento, suscrito sin consulta pública ni debate legislativo, ha sido percibido por amplios sectores sociales como una afrenta directa al legado de los Tratados Torrijos-Carter, que en 1999 sellaron la transferencia del canal al control panameño. “Es una violación a nuestra memoria histórica y a la dignidad de este país”, denunció el profesor Carlos Bichet, de la Universidad de Panamá, durante una concentración en la capital.
Las calles no han tardado en responder. Estudiantes, sindicatos, docentes, pueblos indígenas y movimientos ciudadanos han protagonizado marchas, bloqueos de vías y vigilias frente a instituciones del Estado. En la provincia de Darién, miembros de la comunidad Arimaé interrumpieron el tránsito en la vía Panamericana en señal de rechazo. La respuesta de las fuerzas del orden fue inmediata: gases lacrimógenos y cargas policiales que, en algunos casos, afectaron zonas escolares cercanas, generando indignación adicional.
El malestar no se limita al acuerdo en sí, sino también a la forma en que fue negociado. La ausencia de transparencia y el secretismo con que se concretó el memorando han sido ampliamente criticados. Ni la Asamblea Nacional ni la ciudadanía fueron informadas previamente sobre su contenido. “Esto no es cooperación, es imposición disfrazada”, expresó la dirigente sindical Yadira Pino, durante una rueda de prensa.
El presidente Mulino, por su parte, ha defendido el pacto como parte de una estrategia regional para reforzar la seguridad ante amenazas transnacionales. Según el gobierno, la presencia militar de EE. UU. facilitaría operaciones logísticas y de inteligencia contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero sus declaraciones no han logrado apaciguar los ánimos. De hecho, su negativa a considerar una renegociación del acuerdo ha intensificado las protestas.
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han expresado su preocupación ante los hechos. Desde la ONU hasta colectivos latinoamericanos, han instado al gobierno panameño a garantizar el derecho a la protesta y a abrir un canal de diálogo genuino con los sectores inconformes.
Mientras tanto, la indignación ciudadana no da tregua. Nuevas convocatorias a protestas están programadas para los próximos días en varias provincias. “El canal no se vende, no se entrega, no se arrienda”, gritaban miles frente al Palacio de las Garzas. En la memoria colectiva panameña, el canal no es solo una vía interoceánica: es un símbolo de lucha, soberanía y orgullo nacional.
